ONU Noticias, Agencias
A cuatro días de las elecciones presidenciales en Nicaragua, el gobierno del Sandinista, Daniel Ortega, se ve presionado por fuerzas internacionales, debido a que Estados Unidos, la Unión Europea y la propia Organización de las Naciones Unidas aseguran que no hay Estado de derecho ni condiciones para garantizar la democracia en el país centroamericano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central y la República Dominicana ha condenado este jueves la que consideran una “falta de garantías a derechos y libertades” en el marco del proceso electoral en el país centroamericano.
Ambos organismos consideran que “resulta imperioso restablecerlas” y suprimir las barreras para que todas las personas puedan participar plenamente en ese proceso.
Tanto la Comisión Interamericana como la Oficina de la Alta Comisionada indican que “vienen observando” un incremento de la represión y de las “afectaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales en el marco del proceso electoral”, y señalan que han instado reiteradamente al Gobierno de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Además, advierten que una serie de hechos como la cancelación de la personería jurídica de tres partidos políticos, la detención arbitraria de siete personas precandidatas a la presidencia, la de más de 30 líderes sociales y políticos, junto a la descalificación de una candidata a vicepresidenta, elimina el pluralismo político que el Gobierno estaba obligado a garantizar en el próximo proceso electoral.
De igual modo, mostraron su preocupación ante la negativa de permitir la entrada a Nicaragua de varios periodistas extranjeros durante las últimas semanas, así como la falta de respuesta a las solicitudes de acreditación para poder informar sobre el desarrollo de la jornada electoral y los ataques contra medios de comunicación y periodistas.
Entre estos últimos, citaron el allanamiento de las instalaciones del diario La Prensa, el 13 de agosto, y la detención de su gerente general al día siguiente, que consideran que “restringieron también indebidamente la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Nicaragua debe restablecer el Estado de DerechoPor último, añaden que se han producido restricciones arbitrarias contra la libertad de asociación de la sociedad civil, como las impuestas por la Ley de Agentes Extranjeros o la cancelación de la personalidad jurídica de 45 organizaciones civiles durante 2021 y la prohibición de manifestaciones públicas, en particular de personas y organizaciones consideradas como opositoras al Gobierno.
Ambos organismos reiteran su llamado a las autoridades nicaragüenses a restablecer las condiciones encaminadas a la celebración de “unas elecciones libres y justas” determinadas mediante “un diálogo inclusivo y constructivo con todos los sectores de la sociedad”.
Para producirse esta situación, consideran “imprescindible” que el poder ejecutivo “restablezca el Estado de Derecho, libere a todas las personas detenidas arbitrariamente, y cese los ataques contra personas y organizaciones consideradas como opositoras al gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil”.
Congreso de EU aprueba ley para presionar al Gobierno de Daniel Ortega
El Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles una ley para aumentar fuertemente la presión diplomática sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, acusado de represión y encarcelamiento de opositores antes de las elecciones del 7 de noviembre.
La Ley RENACER (siglas en inglés de Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua) fue adoptada por 387 votos a favor y 35 en contra en la Cámara de Representantes, tras su aprobación por el pleno del Senado en agosto y las enmiendas realizadas el lunes.
La legislación bipartidista, que fue apoyada por más republicanos que demócratas, deberá ahora ser promulgada por el presidente Joe Biden.
«Estamos siendo testigos del peor asalto autoritario a la democracia en América Latina en décadas, y me enorgullece liderar este esfuerzo para que el Congreso actúe de manera decisiva para que el régimen de Ortega-Murillo sepa que habrá grandes consecuencias para la pseudo coronación de su dictadura dinástica», dijo el senador demócrata Bob Menendez, patrocinador de la iniciativa.
La norma presenta un arsenal de medidas para abordar lo que considera corrupción y abusos de los derechos humanos del gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Para ello, requiere aumentar, en coordinación con Canadá, la Unión Europea y países latinoamericanos y caribeños, las sanciones selectivas de Estados Unidos a personas involucradas en abusos de derechos humanos y obstrucción de elecciones libres.
Con información de ONU Noticias, DW y agencias.
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