Centro Nacional de Identificación Humana, un paso hacia la verdad y la paz de las víctimas

Textos y Contextos

Por: Miguel Alejandro Rivera

El pasado 12 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, entregó al gobierno mexicano un informe en el cual, entre otros puntos, urgía a las autoridades atender la crisis forense que vive el país. En el apartado F., de la segunda parte de las observaciones, el organismo internacional señaló que es inadecuado el diseño institucional, que existen carencias en infraestructura, equipamiento, presupuesto y recursos humanos especializados, así como un deficiente uso de la genética, las bases de datos y el resguardo de las personas fallecidas sin identificar.

Asimismo, criticó la incapacidad de responder a las “inmensas necesidades que existen en materia de identificación de los cuerpos y restos humanos localizados”, para la notificación pronta y eficaz a las familias de las personas desaparecidas cuando un cuerpo es identificado.

En tanto, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, aprobaron el 26 y 27 de abril, respectivamente, la iniciativa presidencial enviada el 31 de marzo de 2022, para crear un Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), que dependerá de la Comisión Nacional de Búsqueda.

En un país en el que, según Naciones Unidas, existen al menos 52 mil cuerpos sin identificar, y la crisis forense es tan grande que, por ejemplo, en septiembre de 2018, el gobierno de Jalisco permitió que se transportaran cadáveres en cajas refrigerantes de tráilers, el hecho de que las autoridades hayan acatado con tal prontitud las recomendaciones del organismo internacional, es muy positivo.

Especialistas como el periodista José Reveles o Santiago Corcuera, que ha sido miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, consultados por el autor de este texto, señalaron que es la primera vez que, en México, un gobierno está abriendo caminos institucionales a las víctimas para ser identificadas, y sus familiares para que puedan ser acompañados en la lucha por la verdad y la justicia.

Precisamente, Reveles comentó que incluso este CNIH podrá arrojar cierta luz para casos que datan de hace décadas, por ejemplo, en el contexto de la guerra sucia de los sesentas y setentas del siglo XX aunque, especificó, “va a depender más de la apertura de los sitios que antes estaban totalmente herméticos, por ejemplo, campos militares, centros clandestinos de detención que se sabe dónde estuvieron; en algunos casos es posible todavía hacer una búsqueda; a estas alturas será difícil encontrar culpables que puedan ser castigados, perpetradores vivos por el tiempo transcurrido, porque los que eran desaparecidos o los que hubiesen sido clandestinamente eran jóvenes, pero los perpetradores eran mayores; puede haber tal vez verdad, pero muy difícilmente habrá justicia”.

Sin embargo, el periodista afirma que con esto “hay una especie de cierre de un círculo que estaba semiabierto, que es el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda y de los resultados que pueda dar la Ley de Desaparición Forzada que lleva años de haber sido emitida, y creo que el Centro es un instrumento muy importante; qué bueno que se aprobó por unanimidad, qué bien que los partidos están de acuerdo. Se ve un interés de la sociedad de saldar esta cuenta de una vez por todas y este es el primer gobierno en dar la posibilidad legal de hacerlo, desde instancias públicas en compañía de las víctimas y los familiares”.

Cecilia Flores, fundadora de Buscadoras de Sonora, madre de Alejandro, desaparecido en 2015 y de Marco Antonio, desaparecido en 2019, espera que el CNIH no se interponga en la lucha que las madres y familiares de desaparecidos han emprendido desde hace muchos años, la mayoría en solitario o como colectivos ciudadanos, precisamente por la indolencia de autoridades que, como en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, resultaban ser cómplices del delito.

A través de Karla Quintana, directora de la Comisión Nacional de Búsqueda y de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, se ha dado seriedad a un asunto que, por desagracia, sigue sumando víctimas, del pasado y del presente, siendo cifras oficiales de la ONU 95 mil desaparecidos en el país, aunque el propio Encinas ha reconocido que pueden llegar a más de cien mil.

Por lo pronto, este centro servirá para evitar que los cuerpos se pudran en fosas comunes, no sólo clandestinas, para así poder hacer perfiles genéticos; también dará respuestas de entre 48 y 144 horas luego de realizado un contraste de ADN y no semanas o meses que muchas veces deben esperar los familiares; asimismo, dará respuesta pronta a quienes buscan un desaparecido, pues el propio Santiago Corcuera compartió al redactor de este texto que hay historias en las que se deben repetir los exámenes porque perdieron las muestras que la familia deja para encontrar a su desaparecido, o peor aún, toman la prueba a la pareja, con la que la víctima no tendrá ninguna coincidencia, pues no son consanguíneos. Así de ignorantes son a veces las autoridades locales en temas tan sensibles, y para combatir ese problema, estará este Centro, que sólo espera su publicación en el Diario Oficial de la Federación.