Miguel Ángel Pérez
A cuatro meses de la desaparición de su hijo Ricardo Lagunes, Ana Lucia Gasca recuerda a personal de la Secretaría de Bienestar preguntar a sus vecinos por alguien desaparecido, sin saber el domicilio o nombre de la persona.
“No sabían ni su nombre completo. De verdad, es algo que … es una burla, esto es una burla del presidente”- dice con voz áspera- , pues en el transcurso de la visita casa por casa de los servidores de la nación, como parte de la nueva Estrategía Nacional de Búsqueda, omitió dar más detalles sobre la desaparición de su hijo, al considerarlo un acto revictimizante.
Es 10 de mayo y desde el Monumento a la Madre, acompañada por sus dos hijos, viste una playera blanca con el rostro de Ricardo Lagunes para marchar rumbo al Zócalo Capitalino acompañada de familiares de personas desaparecidas, en la que quizás sea la última marcha al cierre de sexenio, como parte de la Unificación Nacional, donde participan 250 colectivos de 30 estados del país.
Abarrotado, el monumento viste en su fachada fotos, lonas y pancartas de quienes buscan incansablemente; una madre que fue arrebatada de sus hijos, hermanos, profesionistas, defensores y el rostro jóven de un hijo ausente.
-¿ Cuál es la exigencia en materia de desaparición para el siguiente gobierno ?, pregunto
-No tengo ni idea. Traigo mucho dolor. Es algo que no puedo explicar. Estoy sobreviviendo a esta situación -respira hondo para continuar- Estoy aquí porque quiero gritar el nombre de mi hijo, qué lo amo profundamente.
Ana Lucia se quiebra en llanto , pide disculpas por hacerlo, aunque no debería, durante el transcurso de la visita casa por casa -dice- se sintió ignorada por las autoridades, quienes considera pierden tiempo y no buscan realmente.
Lagunes Gasca es abogado defensor de derechos humanos, defendía a la comunidad de San Miguel Aquila, Michoacán, para frenar la expansión de la empresa minera Ternium y fue víctima de desaparición junto al líder nahua Antonio Díaz entre los límites de Michoacán y Colima, el 15 de enero de 2023.
Durante noviembre pasado, el caso Ricargo Lagunes -Antonio Díaz fue llevado a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir la intervención del Equipo Argentino de Identificación Forense como peritos independientes para la identificación de restos en la región de Colima y Michoacán, similar al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Actualmente la crisis forense en México rebasa más de 50 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses , según datos del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos (MNDM)
Mientras platico con Antonie Lagunes , hermano de Ricardo, el mitin comienza su recorrido a la plancha del Zócalo con el grito desgarrador de las madres: “¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están?” Entre los cánticos de protesta las madres se abrazan, se unen para exigir la búsqueda de sus hijos, para que las autoridades actúen .
Entre las principales quejas de la familia Lagunes Gasca, es la actuación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), al frente de Teresa Sahagún, y en palabras de Antoine “actualmente está desmantelada, no tiene personal profesional y preparado para las cuestiones de búsqueda”. Y a más de un año de su desaparición no se ha realizado un análisis de contexto “profesional y adecuado”, como describe la Ley en materia.
El análisis de contexto es un factor que determina la búsqueda e investigación, descrita en la Ley General en su artículo 5 y es una de las funciones de las Fiscalías Especializadas.
“Cuando tú lees la ley en papel todo suena muy bien, pero en la ejecución se queda en letra escrita, no se hace lo que se supone que se debería de hacer», acusa Antoine.
A casi siete años de su publicación la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (LGMD) se han creado más de un centenar de instituciones a cargo de la búsqueda de personas y que el Estado Mexicano ha defendido frente a organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el pasado 25 de enero, en su último Examen Periódico Universal (EPU).
Frente a este Consejo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presumió el incremento de plazas de la CNB de 43 a 243, además que en materia forense señaló que se encontraban funcionamiento 19 centros de resguardo temporal de restos humanos en 16 entidades, así como la publicación de los lineamientos para la operación del Banco de Datos Forense (BNDF), que debió estar en funcionamiento desde 2019.
El BNDF no funciona adecuadamente, pese a la orden judicial contra la Fiscalía General de la República (FGR) y al anuncio del 29 de mayo de 2023 sobre su entrada en vigor; aún más, en materia forense se suma el desmantelamiento de instituciones como Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).
Durante el mitin, hay un desfile de personas que se han abocado a la búsqueda de sus familiares, como es el caso paradigmático de María Herrera o “Mamá Mary”, como le dicen colectivos y buscadoras de cariño. A sus 74 años, ha dedicado casi dos décadas a la búsqueda inalcansable de sus cuatro hijos.
En el periodo de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” – en el sexenio de Felipe Calderón- comenzó su búsqueda en 2008, cuando Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera desaparecieron en Guerrero el 28 de agosto. Y dos años después ,en 2010, desaparecieron Luis Armando y Gustavo , en Poza Rica, Veracruz.
A su llegada al Monumento a la Madre, María Herrera es abrazada por sus compañeras, quienes reconocen su lucha de quien fue nombrada como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time.
Una de las principales quejas de este gobierno -dice Maria Herrera- es minimizar el dolor de las madres y no tomarlas en cuenta al no reunirse con ellas.
Ya sea por falta de material o recursos para las jornadas de búsqueda, Miguel Ángel Trujillo Herrera, hijo de Doña Mary, señala que ha optado por abogar con el crimen organizado para buscar a sus hermanos.
-¿Prefieres pedir ayuda humanitaria del crimen organizado?
-Prefiero pedirle permiso,implorarles al narco para que no nos maten y nos dejen buscar, que decirle al gobierno. (…) No hay apoyo gubernamental, no hay material. No, no hay nada, no hay nada….
Trujillo reconoce la creación de la CNB, la cual inició sus funciones 7 de marzo de 2018, como la encargada de determinar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda en todo el país, además de emitir los lineamientos para el funcionamiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), pero rechaza la actual administración, al no ser puesta a consulta a los familiares, como establece la ley en materia.
De acuerdo con la ley general en su artículo 51, establece que “el nombramiento (de la Comisionada de Búsqueda) , la Secretaría de Gobernación realizará una consulta pública previa a los colectivos de Víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia”.
“Está es la primera corrupción que todos los familiares vemos, fue un dedazo”, dice.
Ley General en materia al cierre de su primer sexenio
-¿Cuál es la relevancia de la consolidación de la ley en materia de desaparición en México?
-Es raro, porque no debería de existir esa ley. A nivel mundial, cuando una persona desaparece, la unidad de homicidios es quien investiga y hasta que encuentra el cuerpo o localiza a la persona, resuelve el caso. Pero en México fueron los factores: la ineficiencia de las fiscalías y el gran número de personas que estaban desaparecidas, es lo que urgió a la creación de esta ley
Lo ya dicho es un fragmento de una entrevista para este reportaje con el periodista César Martínez, quien es especializado en derechos humanos y ganador del Premio Nacional de Periodismo en la categoría de “Periodismo Multiformato”, por su colaboración en el trabajo Fragmentos de la Desaparición, en octubre pasado, y publicado un día después que nuestro país rebasó a las 100 mil personas desaparecidas, en mayo de 2022.
César no recuerda la fecha exacta, pero asegura que fue hace un par de semanas que lo contactaron por la desaparición de una jóven universitaria en la Ciudad de México, en esos primeros momentos que son los más angustiantes, con más incertidumbre y los más dolorosos. A sus familiares, al acercarse a la Fiscalía, les pidieron esperar 72 horas para presentar una denuncia como desaparición.
Pero la ley en materia dice lo contrario, pues señala que “se considerará grave el incumplimiento injustificado o la actuación negligente ante cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas”.
“La importancia de que exista esta ley es como poner en orden quién debe hacer qué en esta circunstancia y tipificarse como un delito la desaparición. Es tratar de poner orden de quién hace qué”, dice César.
En noviembre de 2017, se publica – en el Diario Oficial de la Federación (DOF)- la LGMD, con el objetivo de establecer las responsabilidades en materia de búsqueda, investigación e identificación forense y que entró en vigor el 16 de enero de 2018.
Dos años atrás, en 2015, la sociedad civil impulsó la creación de un documento de apoyo en la elaboración de una ley General que regule la situación de personas desaparecidas en el país, cuando el gobierno federal reportaba más de 26 mil personas desaparecidas, en octubre de ese año.
Dentro del documento “Elementos esenciales para la elaboración de la ley general sobre personas desaparecidas en México”, familiares de personas desaparecidas enumeraron una serie de instrumentos que debería contener dicha ley, como la creación de un registro nacional, la CNB, un Plan Nacional de Búsqueda, la Unidad de Análisis de Contexto y el derecho a las víctimas, por mencionar algunos.
A pesar de que 25 estados cuentan con una ley local de desaparición de personas y en todo el territorio nacional existe una comisión de búsqueda local, un problema ha sido la falta de coordinación entre Fiscalías y Comisiones, además de la ausencia de personal especializado, según los propios colectivos y organismos internacionales, como el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED).
Otro debate es la ausencia de apoyo a víctimas por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Más recientemente la organización civil Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, denunció ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que los Centros de Atención Integral (CAI) de la CEAV -encargados de evaluar y determinar las necesidades de las víctimas- no cuentan con el personal especializado que se requiere.
En su informe, la organización dio a conocer que el 80 por ciento de las personas buscadoras en 17 estados -principalmente mujeres- desarrollan una enfermedad crónica por su búsqueda, y falta de acceso a la salud, tales como caídas, disloques, infecciones en las vías respiratorias, entre otras.
De regreso a la marcha rumbo al Zócalo Capitalino, camino junto a Jorge Verastegui sobre Paseo de Reforma; vamos al frente del mitin, junto a medios de comunicación. Es alto y barbado, su cabello es rizado y llega a la altura de los hombros. Verastegui busca a su hermano Antonio Verástegui González y su sobrino Antonio de Jesús, desaparecidos desde el 24 de enero del 2009 en Parras, Coahuila, tras ser detenidos en un retén por miembros de los Zetas.
A paso rápido, señala que esta administración perdió una oportunidad muy importante de implementar un nuevo modelo institucional de búsqueda de personas, que el problema del arranque de sexenio, radica en que “se enfrentó con la realidad de que las desapariciones continúan y la impunidad prevalece, dándose un deterioro en el tema de la implementación”.
La voz de Verastegui se une al reclamo unísono de familiares y colectivos, dice que “cada vez los espacios de diálogo se fueron cerrando”, además del desmantelamiento de la CNB, así como la ausencia de consulta en el proceso de selección de su titular Comisionada, Teresa Saugún.
En el documento de apoyo para la creación de una ley, ya mencionado, propone implementar medidas de memoria y verdad. El pasado 15 marzo , memoriales que familias de desaparecidos instalaron frente a Palacio Nacional fueron retirados, entre los casos que se recordaban se encontraban el de la familia Verastegui, así como Óscar Antonio López Enamorado, un migrante hondureño que desapareció en Jalisco hace 11 años.
La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 1 de abril, un decreto de reforma a la ley General en Materia, en el que se incluye el derecho a la memoria dentro de los principios de la debida diligencia.
Este concepto se agregó en el artículo 5, fracción II, y en el 137; sin embargo, en la reforma publicada no se especifican los mecanismos para garantizar este derecho a la memoria.
“El dolor de una madre no se puede esconder aún arrancando la memoria, arrancando los memoriales, destruyendo los muros de la memoria, destruyendo los rostros que nosotros hemos colocado por todo el país. No se va a esconder esta realidad, porque son estos gritos de las madres los que se van a escuchar por donde quiera”, dice molesta Ana Enamorado, quien acude a la marcha el mismo día que el cumpleaños de su hijo, Antonio López Enamorado, con más de una década en el país buscando a Antonio.
La activista hondureña es fundadora de la Red Regional de Familias Migrantes, que acompaña a la búsqueda de personas migrantes centroamericanas en situación de desaparecidas en nuestro país.
Al revisar la LGMD , establece en su artículo 84 que cuando la búsqueda requiera de diligencias en otro país, bien sea el de origen, el de tránsito o el de llegada de la persona migrante, se deberá activar el Mecanismo de Apoyo Exterior, a cargo de la Fiscalía General de México.
“Con las personas migrantes no están haciendo nada por encontrarlos, y justamente al contrario, las personas migrantes son las que menos aparecen en las bases de datos”, acusa Ana.
En el caso de su hijo, a dos meses de la renuncia de la ex comisionada Karla Quintana, la búsqueda de Antonio fue suspendida a pesar que, desde 2020, se realizaban dos búsqueda en diferentes lugares de los estados de Jalisco y Nayarit.
-¿Qué ocurrió tras la entrada de la nueva comisionada?
-Con el cambio de comisionada en la CNB y con todos estos cambios que hubo, despido de servidores públicos con experiencia, eso pues nos alertó muchísimo a las familias. Y teníamos planeada una búsqueda y esta se suspendió, nadie nos contactaba, yo escribía a los correos pidiendo una reunión para retomar las acciones de búsqueda y nadie me contestaba.
Y continua: «Se me hace grave, todos tenemos que saber, todos tenemos que saber quién es Oscar, si lo están buscando, quién lo está buscando, cuáles son las acciones de búsqueda que se están tomando. Entonces, es algo que tenemos que seguir denunciando, vamos a seguir evidenciando todo este desprecio del Estado ante nuestros familiares que están desaparecidos.
¿Guerra contra el narco hasta abrazos no balazos?; la desaparición por sexenio
A la fecha de este trabajo en México hay más de 116 mil personas desaparecidas y no localizadas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). En contraste, el 33 por ciento de las ausencias han ocurrido en los primeros cinco años de gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
A continuación se muestran los datos del RNPDNO en los últimos tres sexenios:
Andres Manuel López Obrador 42,984 personas( diciembre, 2018 a 14 de abril, 2024)
Enrique Peña Nieto : 32,268 (diciembre, 2012 a noviembre, 2018)
Felipe Calderón Hinojosa :15,870 ( 01 diciembre, 2006 a noviembre, 2012)
Desde 2013, el CED de las Naciones Unidas solicitó a nuestro país una visita, pero tras ocho años, en 2021, se realizó. De los 72 Estados miembros, México se posiciona como el Estado que más veces ha sido examinado por el Comité, con cuatro informes sobre desaparición.
Desde la década de 1970, las dictaduras militares en América Latina evidenciaron el fenómeno de la desaparición forzadas en masas, que obligaron al surgimiento de organizaciones para su búsqueda como fue el Comité ¡Eureka! en nuestro país durante 1977, conocido en un principio como el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desde entonces, el Comité ha logrado encontrar a más de 148 personas desaparecidas con vida.
La CNDH hoy esta a cargo de la Ombdusperson, Rosario Piedra Ibarra, quien es hija Rosario Ibarra , una pionera en la defensa de los derechos humanos y primera mujer candidata a la presidencia, tras la desaparición forzada de su hijo Jesús Piedra Ibarra, un joven activista acusado de formar parte del grupo guerrillero “Liga 23 de Septiembre”, quien desapareció en 1975, cuando agentes policiacos detuvieron en Monterrey.
Al retomar la entrevista con el periodista César Martínez, considera que la principal diferencia del fenómeno de la desaparición en América Latina es que en México es un proceso continuo todavía y hasta la fecha es presente.
“En todas las demás situaciones donde se han hecho leyes y equipos especiales para la búsqueda de personas, fue durante un periodo determinado, en el pasado, y se abocaron a buscar a esas personas desaparecidas. Aquí el punto ( en México) es que siguen desapareciendo. Es un tema presente y actual. Y es la gran diferencia”, dice.
Y resalta que en los últimos años hay una evolución en las modalidades, “diferente a los crímenes de Estado cometidos en la llamada Guerra Sucia, donde el Estado desapareciendo a opositores políticos o a grupos rebeldes. Ahora grupos criminales desaparecen a personas”.
En su primera visita a México, el CED señaló que, según la información proporcionada, entre 2006 y 2021, se produjo un crecimiento “exponencial” de las desapariciones en el país, superior al 98 por ciento en dicho periodo.
“ ( Las cifras) evidencian la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ que se produjo durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), durante el que se puso en práctica una política caracterizada por el despliegue de las fuerzas armadas para cumplir funciones de seguridad pública. (..) A partir de 2006 las desapariciones reflejan una gran diversidad de perpetradores, modalidades y víctimas”, subrayó en su momento el Comité de Naciones Unidas en su informe.
Una de las críticas del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido el aumento en el registro de personas sin localizar, pues las exuberantes cifras hicieron que el gobierno emprendiera un “programa de búsqueda” casa por casa para actualizar el censo de personas desaparecidas, que anunció durante junio de 2023, y generó molestia con colectivos, familiares de víctimas, hasta funcionarios como la ex titular de la CNB , Karla Quintana, quien renunció a su cargo en agosto de ese año.
El 23 de agosto pasado, en sus redes sociales, la entonces Comisionada Nacional informó su renuncia al cargo en una carta dirigida al presidente, López Obrador, “en virtud de los contextos actuales”.
Más tarde, el 11 de noviembre, aseguró que renunció al cargo por discrepar con la metodología del nuevo censo “con la finalidad de encontrar a estas personas y eliminarlas de la lista”.
“Desde el presidente hay un desdén, por lo menos, hacia todo el movimiento de las familias que buscan a sus desaparecidos. Pues desde ahí se manda una señal muy clara de que no es un tema prioritario y que no importa. (…) A las madres que le reclaman (al presidente), las califica de opositoras políticas. Todo esto, al final, manda un mensaje cortísimo de que no importa.
Estrategia Nacional de Búsqueda; ¿borrón y cuenta nueva?
En la habitual conferencia mañanera, del 14 de diciembre de 2023 , la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) , Luisa María Alcalde, mostró los resultados de un nuevo censo y aseguró que fueron localizadas más de 16 mil personas y que la cifra de personas “confirmadas” como desaparecidas era de 12 mil 377, esto frente a los más de 110 mil desaparecidos en el RNPDNO hasta el 22 de agosto pasado.
“Denunciamos la falta de responsabilidad y sensibilidad de los servidores públicos que depuraron y modificaron el registro, así como la incongruencia de las cifras presentadas”, dijo en su momento en un comunicado el Consejo Nacional Ciudadano (CNC) del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), que se conforma por familiares de desaparecidos y sirve como órgano de consulta.
Y es que, de acuerdo con la ley en materia, el registro nacional, “debe ser actualizado en tiempo real, mediante personal designado y capacitado para ello” y que, sin embargo, la llamada Estrategia Nacional de Búsqueda emprendió su actualización con personal de la Secretaría de Bienestar, a través de los servidores de la nación.
El RNPDNO fue sucesor inmediato del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que por más de seis años funcionó como el sistema oficial para el registro de personas desaparecidas, expedido el 17 de abril de 2012 en el DOF a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Este registro publicaba la información en dos bases distintas,para fuero federal y común, en su sitio web, pero una de las principales diferencias, de acuerdo con la organización Data Civica era que “la información de las personas desaparecidas no era validada con los datos de otros registros oficiales como, por ejemplo, el Registro Nacional de Población (RENAPO)”, además que los registros de la base de fuero común eran anónimos.
Si bien desde 2014 se anunció la primera base de datos pública , en 2020 se lanzó el RNPDNO como una plataforma de actualización en tiempo real.
En una segunda ocasión, el pasado 18 de marzo, la titular de Segob informó sobre una nueva actualización respecto a la estrategia de búsqueda, donde aseguró que actualmente hay 99 mil 729 registros en proceso de búsqueda, frente al registro de 114 mil 815 personas, hasta el corte del 15 de marzo.
En este marco, Data cívica revisó las listas del Gobierno Federal, donde encontró casi 11 mil nombres que aparecían en listas del 2018 y que dejaron de aparecer para la nueva lista del 2024 en su proyecto titulado “Volver a desaparecer”.
“Estos nombres podrían faltar por dos razones: o porque las personas están siendo consideradas como localizadas o porque desaparecieron del registro de personas desaparecidas”, se lee en la página de la organización.
Al entrar al listado de la versión especial Estrategia Nacional de Búsqueda, con corte del 13 de diciembre de 2023, tiene 94 mil 297 registros, donde en los dos casos antes mencionados existen errores en el registro o ni siquiera aparecen en está versión.
“Lo tenían con nacionalidad mexicana cuando él es hondureño, lo tenían con otra edad al momento de su desaparición. Y tenían también que no encontraban al denunciante, cuando yo estoy aquí, que soy muy visible”, acusa Ana Enamorado, mencionada en este texto.
Su hijo, Antonio López Enamorado aparece en el listado bajo nacionalidad mexicana, cuando es hondureño, además que, de acuerdo con su ficha de búsqueda, al momento de su desaparición contaba con 20 años y el registro marca 17.
El registro de Óscar se encuentra bajo la categoría “Con identidad sin datos adicionales” y según la descripción del status, “los datos de incluidos en el reporte no han resultado útiles para realizar un seguimiento adecuado del caso ni para el proceso de generar nuevas acciones de búsqueda que nos lleven a su eventual localización”.
Ana señala que “aún teniendo mi número telefónico, mi correo electrónico, todos los datos”, personal de la CNB omitió buscarla para consultar los datos: “ se supone que desde mayo del año pasado se viene haciendo esta estrategia, lo cambiaron porque quisieron, porque quieren esconder que no hay migrantes desaparecidos en el país”.
En el caso de Ricardo Lagunes-Antonio Díaz, el líder nahua de Aquila, se encuentra registrado como “persona ubicada”.
“Mi hermano sigue apareciendo como desaparecido, pero el profesor Antonio -que desaparece junto con mi hermano- aparece con ciertos hallazgos ,como indicios de localización, y eso pues tampoco es cierto”, señala Antonie, hermano de Ricardo, quien desapareció junto al líder nahua.
Al llegar a la plancha del Zócalo Capitalino, las madres son recibidas con vallas y equipo antimotines, imagen que representa un sexenio a menos de seis meses de concluir.
“No somos uno, no somos cien, pinche gobierno cuéntanos bien”, es el grito colectivo frente a Palacio Nacional.
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