Por: Miguel Alejandro Rivera
A inicios del presente octubre, el Partido Acción Nacional (PAN), reeligió a Marko Cortés como su dirigente nacional; sin importar que en las pasadas elecciones Morena ganó 11 gubernaturas, los blanquiazules decidieron que el proyecto del partido de derecha debe continuar por la misma vía.
En este contexto, resaltaron nombres que el propio Cortés presenta como presidenciables de su partido, nombres que más bien deberían ser impresentables, debido al aura de corrupción, mala gestión pública, e incluso nexos con el crimen organizado que les rodean.
Por ejemplo, uno de los nombres que dio el dirigente como posible aspirante a la candidatura por el Ejecutivo, es el de Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien es señalado por la probable comisión de delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Durante la Legislatura pasada, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del hoy gobernador de Tamaulipas, quien ha sido protegido por el Congreso local del estado, pues la mayoría es panista.
García Cabeza de Vaca, habría recibido sobornos millonarios para aprobar la reforma energética, derivado del caso Odebrecht, lo cual sería parte de las declaraciones realizadas por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
Otro personaje que destaca en los presidenciables del PAN es Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, uno de los estados más violentos del país. En dicha entidad decenas de familias de victimas por desaparición forzada, así como activistas, han denunciado el vínculo entre autoridades y el crimen organizado, siendo el Fiscal local, Carlos Zamarripa, clave en la impunidad que sufre la sociedad guanajuatense.
Movimientos sociales que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas, como “A tu encuentro”, han denunciado que son los Ministerios Públicos de Guanajuato quienes entorpecen las investigaciones, ocultan las carpetas de los casos e incluso amenazan a los activistas para evitar que sigan denunciando la criminalidad que azota el estado. Pese a este escenario, el gobernador Rodríguez Vallejo ha sido uno de los mandatarios locales más reacios a colaborar en las reuniones del gabinete de seguridad.
A este par de personajes se suma el ex gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, otro personaje que ha sido señalado por abuso de poder y corrupción. En 2016, durante su mandato, el panista se empeñó en ampliar y mejorar una carretera con el objetivo de llegar a su rancho.
Domínguez Servién, mejoró los caminos que conducen desde la capital del estado a La Cruz de Mayo, un rancho porcino de su propiedad de 71 hectáreas, ubicado en el municipio de Huimilpan, el cual, huelga decir, no incluyó en su declaración 3 de 3.
Además, el ex gobernador de Querétaro también fue vinculado públicamente al fraude de Caja Libertad, por el que ahora está preso el abogado Juan Collado; con recursos ilícitos, y de forma irregular, Domínguez habría estado involucrado en la compra-venta de un predio.
«Atrás de Rico Rico (expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad) y Collado estaba gente muy pesada que, en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, refiriéndose en particular y mencionándolos por su nombre a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, Mauricio Kuri (líder de la bancada del PAN en el Senado), sorpresivamente miembro del Consejo de Libertad Servicios Financieros», refiere la denuncia que fue nota en 2019.
Así, Marko Cortés suma nombres como Francisco Vila, gobernador de Yucatán, acusado también de represor, o el de la nueva gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. A poco menos de tres años de la elección federal de 2024, dice mucho que el PAN promueva a personajes tan impresentables como los que su dirigente cree, pueden llegar a la presidencia… Esa es la oposición mexicana.
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