Por Francisco Osorio
Wixárika es mucho más que un poblado indígena, pues también ha sido una víctima de la explotación y el capitalismo. Desde hace más de 10 años, empresas mineras como Real de Catorce S. A. de C. V. han atentado contra su riqueza cultural y los recursos naturales que posee.
Ubicada en la parte oeste del mapa mexicano, la región de Wixárika se ha extendido sobre la Sierra Madre Occidental en la zona centro-oeste del país. Sus pobladores, denominados como huicholes y distinguidos por una vestimenta de huerruris y kutunis (pantalones y blusas de algodón) viven asentados en Durango, Zacatecas, Jalisco, Nayarit y San Luis Potosí (en donde se encuentra Wikiruka: su territorio sagrado), y son productores, principalmente, de artesanías como la joyería que fabrican gracias al abasto de minas del que son dueños.
Wixárika abarca municipios jaliscienses como Mezquitic, Bolaños y Huejuquilla, que se localizan al límite fronterizo con el estado de Nayarit. De acuerdo con estadísticas poblacionales de este año ofrecidas por la Comisión Estatal Indígena, en la zona viven cerca de 14 mil 300 pobladores. Las manualidades destacadas de esta comunidad huichol se fabrican con chaquira, estambre, cera y plata. No obstante, este último material es el detonante de los problemas que amenazan a la demarcación entre Jalisco y Nayarit, pues es también el anhelo de las empresas mineras como Real Bonanza S. A. de C. V. que pretendían exprimir los recursos naturales y minerales de la región con el fin de salvaguardar su conveniencia capitalista.
A principios de la década pasada, la Minera Real Bonanza, subsidiaria de la compañía canadiense First Majestic Silver, patrocinó al pueblo Wixárika una serie de conflictos como la disputa de sus propias tierras, el desgaste de sus zonas boscosas afectadas por la deforestación clandestina, la extracción ilimitada e ilegal de sus recursos naturales como el agua y la invasión a su territorio sagrado de Wikiruka en San Luis Potosí por el robo de sus minerales, lo que desató el despojo de un gran número de indígenas que se vieron obligados a abandonar su hogar.
El Consejo Regional Wixárika ha advertido que la actividad minera representa una amenaza para la biodiversidad que hay en su región; ya que alberga especies de flora y fauna como el peyote, la cempasúchil, el venado y el águila de pecho rojo, entre otras, que están sujetas a una protección minuciosa debido a su estado de riesgo o rareza y que están incluidas en la Norma Oficial Mexicana de Protección al Ambiente y son reconocidas por instrumentos internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Tras esta conquista terrenal, los wixárikas se integraron al listado de regiones indígenas que son ultrajadas en México, como la comunidad de Santo Domingo Ixcatlán en Oaxaca, que ha luchado contra el narcotráfico que abunda en su territorio y abusa de sus bienes para el plantío de amapola. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los pueblos autóctonos del país frecuentemente batallan contra la discriminaciòn, la violencia física y emocional, que marginan su calidad de vida al ser excluidos de los servicios de salud y educación. En este sentido, los poblados huicholes han peleado durante dos décadas por solucionar los conflictos que amedrentan su integridad natural, económica, y por supuesto, la cultural.
Cabe destacar que Wirikuta es el lugar espiritual de los wixárikas (reconocido por la UNESCO) porque se le ha considerado como la cuna del sol y morada de deidades como «El Abuelo Fuego», «La Madre del Maíz», «El Peyote o Venado» y «El Padre Sol». Por lo que el proyecto “La Luz” de la Minera Real Bonanza generó un conflicto persistente entre el poblado y la empresa, pues su meta era explotar el oro, la plata y otros minerales que se consiguen en el territorio sagrado de la comunidad.
“Los Wixàrikas tenemos un sistema teocrático, a través de los cargos políticos como el gobernador tradicional, el agrario, el delegado municipal, el marakemes, y los jicareros. Las decisiones se toman por consenso comunitario por medio de una asamblea” comentó uno de los integrantes del poblado para el documental Wixárika de Néstor Mejía (publicado en la plataforma de YouTube). De esta forma los cargos políticos del pueblo iniciaron campañas como el Consejo Regional Wixárika para proteger su patrimonio.
De acuerdo con el periódico Milenio, en julio de 2011, el Consejo Regional Wixárika interpuso una demanda de amparo indirecto con la que reivindicó los derechos del poblado a la consulta, al territorio y a una identidad cultural que los represente. Dicha acta legal se dirigió contra 38 licencias otorgadas a Minera Real Bonanza S.A. de C.V. y Minera Real de Catorce S.A. de C.V. Ambas empresas son subsidiarias de First Majestic Silver Corp, que opera en México y Estados Unidos. Según información de la Secretaría de Economía (SE), estas licencias formarían parte del proyecto minero de plata “Real de Catorce-La Luz”.
“La parte esencial es que el terreno que pasa a pertenecer a Nayarit es terreno que se considera propiedad privada”, comentó un poblador de la región para el medio El Economista ante la iniciativa de la demanda y la gravedad del conflicto. Por otra parte, gracias a la Reforma Constitucional de junio de 2011 que establece que toda persona debe gozar de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Mexicana y por los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano participe, el poblado ganó una especie de escudo para su defensa.
De esta manera, la reforma fungió como apoyo para validar los derechos humanos de la comunidad nayarita, jalisciense y potosina, y generó el reconocimiento que la localidad buscó por años para ser escuchada. A su vez, la renovación constitucional reforzó la obligación del Estado por promover y garantizar el bienestar de los pueblos indígenas y su derecho a la consulta libre, previa e informada.
Entre los años 2011 y 2012, las licencias mineras de las empresas partícipes fueron otorgadas presuntamente por el gobierno federal para extraer los metales preciosos del territorio sagrado de Wirikuta en San Luis Potosí. No obstante, se logró la suspensión de las maniobras laborales gracias a un amparo tramitado en 2011 y a una encuesta tradicional efectuada un año después.
El conflicto territorial produjo un impacto mayor al grado de que los medios de comunicación y el gremio artístico se sumaran a la lucha por defender el patrimonio de los huicholes. Cantantes y bandas como Caifanes, Calle 13 y Café Tacvba prestaron su voz para hablar del asunto y apoyar a la comunidad indìgena. En 2012, el Foro Sol celebró el “Wirikuta Fest” con el lema “Wikiruka no se vende, se arma y se defiende”, en el que las agrupaciones musicales antes citadas cantaron para visibilizar la situación de Wixárika y denunciar socialmente los abusos perpetrados por las empresas mineras.
En 2022, después de 10 años de estas manifestaciones legales y culturales, la comunidad marchó en el Palacio Nacional de la Ciudad de México para exigir la devolución de sus tierras invadidas. El entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, ordenó la instalación de la Comisión Presidencial que está ligada al poblado, los lugares sagrados y las rutas de peregrinación como el Gran Nayar para proteger a Wixárika, Náayeri, Mexikan y otras regiones huicholas. Así fue como se empezó la creación del Plan de Justicia del Pueblo Wixárika.
De acuerdo con el Consejo Nacional Indígena, en 2023 se devolvieron 2 mil 585 hectáreas de terreno a la comunidad Wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán en Jalisco. Además, los grupos autóctonos adoptaron un vínculo más cercano con la tecnología y los medios masivos como la radio y las redes sociales para acreditar su derecho a la comunicación y la libertad de expresión, regida con sus propios lenguajes (español y cuatro variantes de náhuatl) lo que les permitió la abolición del contexto precarizado en el que vivieron debido a las desigualdades políticas y territoriales.
El 13 de noviembre del 2024, el pueblo indígena obtuvo una concesión radiofónica de servicio público para crear una radiodifusora de frecuencia modulada que ofreciera transmisiones en Ocota de la Sierra. Con este medio de comunicación el poblado se ha mantenido en contacto para unificarse y alzar la voz. Actualmente, la presidenta Claudia Sheinbaum ha continuado con el Plan de Justicia del Pueblo Wixárika y hace unas semanas acudió a la zona rural de Nayarit para platicar con las habitantes y escucharlos.
“La nación Wixárika le dice muchas gracias por garantizar la justicia y el desarrollo
social y cultural, pamparios” agradeció el pueblo a la presidenta por las acciones que ha implementado para su progreso: la devolución de 10 mil hectáreas que son parte de una sentencia que emitió el Tribunal Unitario Agrario; el avance de una restitución de cinco mil 956 hectáreas y posteriormente otras cinco mil.
Según un boletín del gobierno de México, en el caso de Nayarit se beneficiarán a nueve comunidades indígenas y 50 kilómetros con una inversión de 380 MDP. Mientras que Durango tendrá siete caminos que mejorarán a 10 comunidades, con una totalidad de 55 kilómetros y una financiación de 418 MDP. Finalmente, se creó la Universidad Intercultural en Bajío del Tule, en la que se destinó 50 MDP y se imparten las licenciaturas en Salud Comunitaria, Desarrollo Económico Regional y la Ingeniería en Sistemas Productivos Agroecológicos.
“Nuestra artesanía nació como una ofrenda para los dioses y de la mismamanera como una forma de comunicar a nuestra comunidad”, expresó un poblador para exaltar que la grandeza de Wixárika sigue disponible a pesar de las dificultades que han atravesado por más de 13 años.
En definitiva, es propicio resguardar con ayuda de los medios de comunicación, acciones legales y apoyos gubernamentales a esta zona indígena y a cualquier otra que viva en medio de conflictos que perjudiquen a su territorio y patrimonios tangible e intangible. El caso de las mineras es un claro ejemplo de que los monopolios y algunas empresas sobrepasan los límites permitidos y se aprovechan de los bienes naturales, económicos y culturales de territorios que están en el olvido.
Creo que es positivo que el gobierno mexicano y los medios masivos de comunicación actúen con medidas de protección para respaldar a esta comunidad que perdió parte de sus territorios (se desconoce la extensión) a causa de los conflictos históricos y comerciales con las mineras Real Bonanza y Real de Catorce. Actualmente, el pueblo ha aprovechado los materiales tecnológicos, comunicativos y de educación que los mandatos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum les han proporcionado para difundir su modo de vivir y divulgar el historial de opresión que han tenido que sortear.
Paradigma: libertad, pasión y creatividad 